La SIC sanciona al Boyacá Chicó por obstaculizar un procedimiento administrativo

El pasado 17 de julio, a través de la periodista Sara Castellanos, se conoció el terrible lío legal en el que está inmiscuido uno de los equipos que han tenido la dicha de levantar el trofeo de campeón del fútbol profesional colombiano. 

Este es el caso del Boyacá Chicó, uno de los dos equipos de la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá. Esto debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó al cuadro ‘ajedrezado’ y a su exrepresentante legal, tras indicar que el club de fútbol no acató adecuadamente las solicitudes de información, órdenes e instrucciones emitidas por la Delegación para la Protección de la Competencia, obstaculizando así un procedimiento administrativo.

Todo esto se debe a que la entidad en mención tuvo intenciones de realizar una visita administrativa, en el año 2021, a las instalaciones de Boyacá Chicó, las cuales tienen lugar en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, el exrepresentante legal del cuadro boyacense se negó a recibir la visita.

Sumado a lo anterior, el profesional se negó a testificar en las instalaciones del equipo y de la Dimayor, donde además se abstuvo de delegar personal para atender la visita. Todo esto con el fin de obstaculizar el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control de la SIC.

Debido a todo lo anterior, el equipo de Eduardo Pimentel deberá asumir una multa que asciende a más de doscientos millones de pesos ($207.925.323 para ser exactos), pero no todo para ahí, pues la entidad impuso una multa de $71.645.822 al exrepresentante legal del club por la conducta que demostró en los hechos en mención. 

Con este precedente, la SIC hizo énfasis en la importancia de las visitas administrativas de inspección a los principales entes del deporte en Colombia, ya que proporcionan una oportunidad ideal para obtener información sobre la posible existencia de una práctica restrictiva de la competencia, que tiende a ser mantenida en secreto por los agentes del mercado, lo que implicaría una sanción que iría mucho más allá de lo económico.