Colombia es víctima de la violencia previo a las elecciones del 27 de octubre
Expertos consideran que el proceso electoral de este 2019 es el más violento de los últimos años.
La violencia política que Colombia creía desterrada gracias al acuerdo de paz con las FARC regresó para las elecciones municipales y regionales del domingo en cuya campaña han sido asesinados siete candidatos y uno más está secuestrado.
Pese a que en 2018 Colombia vivió las elecciones legislativas y presidenciales más pacíficas de su historia reciente, la inestabilidad política reapareció en esta campaña con ataques a candidatos en un momento en que la implementación de la paz se tambalea y arrecian los asesinatos de líderes sociales.
Condenamos con dolor la masacre perpetrada en el corregimiento de Betulia, municipio de Suárez (Cauca), contra la candidata a la Alcaldía Karina García y sus acompañantes. Los hechos ocurren a menos de una semana de la sesión CIPRAT de la Alerta Temprana 033 para este municipio. pic.twitter.com/v0NHL1H1nc
— Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) September 2, 2019
La Misión de Observación Electoral (MOE) registró, desde julio pasado, 108 casos de violencia contra candidatos, la mayoría de ellos en zonas alejadas que antes dominaban las FARC y a las que nunca llegó el Estado después de la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016.
En departamentos como Cauca, Nariño y Chocó, en la costa del Pacífico, así como Norte de Santander y Arauca, fronterizos con Venezuela, y en la región del Bajo Cauca (Antioquia) se viven las situaciones más complejas por la presencia de bandas criminales como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros.
"Hay zonas donde este acuerdo de paz no ha permitido reducir la violencia y al contrario la ha aumentado porque estamos viendo grupos de narcotraficantes y demás que tratan de recuperar el lugar que tenían las FARC en todos los tráficos ilegales", explicó a Efe el director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, Yann Basset.
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Candidatos en la mira
El aumento de la violencia supone un retroceso en un país que empezaba a acostumbrarse a la política sin armas, tema que marcó la vida nacional desde la primera mitad del siglo XX.
#Fiscalía confirmó que uno de los presuntos involucrados en crimen de candidato a alcaldía de Toledo, Orley García, es conocido como ‘Cagacinco’. Los detenidos serían simpatizantes de corriente política distinta a la de la víctima y no tendrían relación con organización criminal. pic.twitter.com/qoBBbwEpqw
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 10, 2019
Las elecciones presidenciales de 2014 y 2018, así como las regionales de 2015, fueron las más tranquilas en décadas ya que el influjo de la negociación de paz con las FARC llevó a esa guerrilla y al ELN a declarar treguas, con lo cual el país se libró de ataques contra candidatos y electores, la quema de urnas y el secuestros de jurados de votación.
Según la MOE, en esta campaña tres candidatos a alcalde y cuatro a concejal han sido asesinados, mientras que otro aspirante a concejal está secuestrado desde agosto pasado en el Chocó, 12 más sufrieron atentados y a 88 los amenazaron de muerte.
El caso más grave fue el de la joven política liberal Karina García Sierra, candidata a la Alcaldía de Suárez (Cauca), que el 4 de septiembre fue asesinada a tiros dentro de una camioneta junto a cinco acompañantes, entre ellos su madre y un aspirante al concejo, y sus cadáveres incinerados, al parecer por disidentes de las FARC.
Las últimas semanas, las redes sociales mostraron su cara más cruel. El país se estremeció con un video, que se volvió viral, en el que Karina García alertaba que las publicaciones que alguien estaba haciendo sobre ella podían costarle la vida. pic.twitter.com/tgQFlsMpuf
— Revista Semana (@RevistaSemana) September 15, 2019
Días después también fueron asesinados los candidatos a las alcaldías de Toledo (Antioquia), Orley García, y de Tibú (Norte de Santander), Bernardo Betancurt.
Para el experto, garantizar la seguridad de todos los aspirantes en el contexto de violencia que viven algunas regiones es "algo difícil" dado el complicado acceso en muchos casos y el elevado número de candidatos, pues hay 117.822 inscritos, según la Registraduría Nacional.
El poder del narcotráfico
El resurgimiento de la violencia electoral está asociado al narcotráfico, un problema en aumento en el país, con disputas de territorios entre disidentes de las FARC, el ELN y bandas criminales, lo que además ha ocasionado el desplazamiento de al menos 15.140 personas en ocho departamentos desde enero hasta el pasado 9 de octubre, según un informe de la Defensoría del Pueblo.
El propio presidente Iván Duque advirtió el pasado 21 de agosto de que los narcotraficantes quieren influir en estas elecciones mediante "alianzas macabras, oscuras y por debajo de la mesa".
"No nos digamos mentiras, en muchas regiones el narcotráfico quiere poner alcaldes, gobernadores, concejales y diputados", manifestó el mandatario.
Colombia tiene muchas normas que tipifican los delitos electorales, pero hoy son pocas las personas en la cárcel por estas conductas. El país necesita sanciones ejemplarizantes contra compra de votos, intimidación al elector y trashumancia, entre otros. #VerdadElecciones2019pic.twitter.com/5fLqZlSxNm
— Iván Duque (@IvanDuque) August 21, 2019
Días antes la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) había denunciado que carteles mexicanos de la droga que están presentes en regiones como el Catatumbo y los departamentos de Cauca y Nariño, estaban poniendo dinero en campañas.
"El desafío es grande porque estamos en un proceso de consolidación territorial donde durante años hubo grandes extensiones del país en manos de la ilegalidad (...) que intentan apoderarse de escaños en alcaldías y gobernaciones", aseguró esta misma semana el procurador general, Fernando Carrillo.
— Paz & Reconciliación (@parescolombia) August 8, 2019
Líderes e indígenas bajo fuego
La espiral de violencia se ha ensañado con los líderes sociales e indígenas, hasta el punto de que el pasado 4 de octubre la ONU se hizo eco de la denuncia de que este año han sido perpetrados 123 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales.
La Defensoría del Pueblo calcula por su parte que más de 400 líderes sociales han sido asesinados en el país desde el 1 de enero de 2016.
Los pueblos nativos también han pagado una cuota de sangre con el asesinato de 115 de sus líderes en los 14 meses transcurridos desde que comenzó el Gobierno del presidente Duque, según denunció la semana pasada la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Desesperado llamado de Pueblos Indígenas, en voz de @ONIC_Colombia al Sistema @ONU_es ante #GenocidioIndigena.
— Darío Mejía M (@DMejia20) October 18, 2019
Solicito a @CancilleriaCol trámite extraordinario para visita de @UNSR_VickyTauli, del @UN4Indigenous
y comunidad internacional @CIDH@UN_PGA@PnudColombiahttps://t.co/0Rvm1KGeiP
Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) documentó 24 ataques contra periodistas que cubren las campañas, dos casos más que en las elecciones locales de 2015.