Grupos de latinos presentan demanda para evitar que Arizona apruebe ley que criminaliza inmigración ilegal
Grupos de latinos presentan demanda para evitar que Arizona apruebe ley que criminaliza inmigración ilegal y que se quiere hacer efectiva en las elecciones presidenciales.
Con la actual crisis migratoria en los Estados Unidos no basta con que un estado sea regido por un gobernador de filiación demócrata debido a que las actuales acciones del presidente Joe Biden para afrontar el asunto se han endurecido y se ven reflejadas también en los territorios.
Arizona es un estado con una población hispana que compone poco más del 30% del total, pero la llegada de migrantes indocumentados desde la frontera con México se ha incrementado durante la actual administración, por tal razón, un buen grupo de habitantes y también de políticos locales han solicitado un endurecimiento de las leyes.
La gobernadora del estado de Arizona, la demócrata Kathleen Marie Hobbs, ostenta el poder desde el 2 de enero de 2023, y a pesar de que sus políticas mantienen la línea de los demócratas en cuanto a la inmigración, una mayoría obtenida por los legisladores del estado logró que se aprobara la inclusión de una petición electoral en el voto del próximo 5 de noviembre.
La propuesta que hasta el momento se mantiene en pie somete a votación entre los electores del estado la criminalización de la inmigración ilegal, lo que indicaría que los migrantes indocumentados estarían cometiendo un delito al ingresar, permanecer y transportarse en el territorio del estado de Colorado.
Un grupo de defensores de los derechos de los latinos indocumentados llamado ´Viviendo Unidos por el Cambio en Arizona´ ha impugnado la medida y su argumento principal es que esta determinación tiene un error o defecto constitucional.
Con la declaratoria de delito estatal la condición de migrante indocumentado se otorgarían facultades especiales a los jueces para expulsar del país a la brevedad a los indocumentados que hayan ingresado al país por aquellos lugares que no corresponden a los puertos de entrada.
Colorado: un estado con firme convicción de protección al migrante indocumentado
Otra de las medidas incluidas es la de la pena por venta de fentanilo de 10 años de cárcel, pero los abogados del grupo defensor de latinos indica que este grupo de medidas presenta un error constitucional porque esta dice que las propuestas legislativas deben cubrir un solo tema.
Los grupos en favor de los migrantes esperan que la medida pueda ser revocada y no haya que esperar hasta el 5 de noviembre para ver si por medio de votos esta gana o se cae.