Presidente Petro habla de empezar con la compra estatal de cosecha de coca en El Plateado
El jefe de Estado indicó que para transformar las economías ilícitas se necesita crédito “en todas las zonas, las más pobres y excluidas de Colombia".
En el marco de la firma del Pacto por la Democratización del Crédito Solidario, acto que se realizó en la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá, el presidente Gustavo Petro anunció el pasado viernes que el Gobierno nacional comprará la cosecha de coca en el corregimiento de El Plateado y toda la región del cañón del Micay, en el departamento del Cauca, como parte de la estrategia para recuperar esa zona del país a la delincuencia.
El jefe de Estado manifestó que, “si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos, porque si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas. Entonces, al campesinado del Micay, le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía licita".
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Señaló que, en El Plateado, donde el Ejército ejecutó de manera reciente una operación militar para retomar el control de esa zona del país, había “una bolsa de valores de la cocaína del mundo a donde llegaban los carteles de México, de todos los colores y sabores, también de Albania, Croacia, Alemania... Europa y de África".
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció que hasta ahora empezaron a “evaluar”, junto a la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, la propuesta que lanzó el jefe de Estado.
¿Es viable la propuesta de Petro?
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), informó el viernes que Colombia tiene 253 mil hectáreas sembradas de coca, a corte de 2023. 20 mil hectáreas más que el año anterior. La producción de cocaína también creció: de 1.738 toneladas a 2.664 en 2023.
Sobre la propuesta del presidente de comprar la cosecha de cultivos de coca en El Plateado, Leonardo Correa, el jefe para Colombia de monitoreo en la Oficina de la ONU para la droga y el delito, advirtió que esto podría generar un incentivo perverso en las comunidades cultivadoras.
“Es un riesgo y por eso hay que medirlo”, dijo el funcionario. “Qué tanto vamos a usar esto para corregir las vulnerabilidades que existen, para mejorar el desarrollo alternativo, bajar los niveles de corrupción y otras estrategias que van a sostener la intervención”, explicó Correa en diálogo con Blu Radio.