Nueve personas fueron capturadas por participar en actos de corrupción dentro del Ejército

Las autoridades colombianas capturaron a nueve personas relacionadas con actos de corrupción en el Ejército, lo que ha generado polémica en el país y llevó a que el Gobierno retirara del servicio a cuatro generales, informó el pasado 24 de julio la Fiscalía.

La entidad detalló en un comunicado que durante la operación, desarrollada con el apoyo del Comando General de las Fuerzas Militares y el Ejército, fueron capturados cuatro miembros activos del Ejército, dos oficiales retirados y tres civiles.

Todos están relacionados con el escándalo de corrupción por las presuntas irregularidades cometidas en proceso de contratación de la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín.

Fallos contractuales

Por este caso, detuvieron al coronel Alexander Carvajal Urquijo, supervisor de los contratos de la brigada; al mayor Edwin Carrillo Pacheco, jefe de presupuesto; al capitán Jonathan Bonilla Bonilla, supervisor de contratos, y al sargento John Roncancio Rodríguez, bodeguista.

De igual forma, se capturó al coronel retirado Harold Páez Roa, quien fue comandante del batallón de servicios de la Cuarta Brigada, y al capitán retirado Guerly Carrera Arias, que se desempeñó como contratista.

Los civiles implicados son Samir Fernando Garcia Buitrago, Ana Lucía Posada Valencia y Jaime Alberto Ramirez Díaz, todos contratistas.

Estas nueve personas fueron detenidas por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, celebración indebida de contratos y concierto para delinquir.

Escucha acá las principales emisoras informativas de Colombia

“El que la hace, la paga”

El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro Jiménez, afirmó a periodistas que estos procesos cuentan con una "estrecha y total cooperación del Ejército" y resaltó que en todo el Gobierno hay "cero tolerancia con la corrupción".

"Vamos a seguir adelante, vamos a seguir con esta lucha, esto no se trata de unos casos específicos, sino que está funcionando todo un sistema para combatir la corrupción de manera particular en las Fuerzas Militares", señaló.

El alto oficial dijo que la Fiscalía será la encargada de determinar qué otras acciones se van a realizar, las cuales también contarán con "toda la colaboración, todo el apoyo y todo el convencimiento de que hay que combatir la corrupción".

"Los que hayan incurrido en algún delito responderán a título individual", sentenció Navarro, quien agregó que en las instituciones que preside se enseñan "principios y valores".

¿Ejército corrupto?

El escándalo por los casos de corrupción en la Cuarta Brigada del Ejército lo dio a conocer la revista Semana el pasado 7 de julio en una publicación en la que señaló que el general Jorge Romero Pinzón, quien fue comandante de esa guarnición, habría hecho malos manejos de presupuesto que suman cerca de 1.000 millones de pesos.

El texto detalla que el dinero que debía ser utilizado en el mantenimiento de los vehículos de la institución fue desviado al parecer con la complicidad de "otros altos oficiales a su cargo".

Otro de los investigados es el general retirado Adelmo Fajardo, quien fue segundo comandante del Ejército y denunciado por subalternos que afirman que cuando era el jefe del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, entre 2016 y 2017, tenían que darle dinero del presupuesto oficial para sus gastos personales.

Ante estos hechos, el Gobierno retiró el pasado 18 de julio a cuatro generales del Ejército, entre ellos a Fajardo.

De igual forma, el 10 de julio detuvieron a 12 militares como parte de la purga realizada al interior del Ejército por actos de corrupción.

Estos militares fueron detenidos por "señalamientos del delito de falsificación de documentos e incumplimientos a los requisitos legales exigidos para el cambio de arma".

Dentro de los capturados hay un sargento viceprimero, siete sargentos segundos, dos cabos primeros y dos cabos segundos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Como parte de la investigación las autoridades establecieron que los denominados "cambios de arma" eran realizados entre oficiales y suboficiales a un precio que variaba entre los cuatro y cinco millones de pesos.